La Comisión Para la Igualdad de Género del Poder Judicial representada por la Coordinadora, Magistrada Dulce Rodriguez y La Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género por la Analista Jurídica del Observatorio la Licda. Fátima M. Cruz Ferreira, estuvieron presentes en el lanzamiento del Libro: "La Interrupción del Embarazo"; Análisis Constitucional para el Debate, del Dr. Cristóbal Rodríguez Gómez, Abogado Constitucionalista, organizada por la Asociación Dominicana pro Bienestar de la Familia (Profamilia).
La actividad se realizó el miércoles 25 de julio del 2012, en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia. La publicación forma parte del proyecto "Impulsando el Ejercicio de los Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos" , coordinado por Profamilia en sociedad con el Centro de Estudios de Género (CEG) del Intec, la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología (SDOG) y el Núcleo de Apoyo de la Mujer (NAM) de Santiago, con el apoyo financiero de la Unión Europea.
El Dr. Cristóbal Rodríguez Gómez, en su presentación, enfatizó: "Que la interrupción voluntaria del embarazo se enmarca dentro de los derechos sexuales y derechos reproductivos asumidos por el Sistema de Naciones Unidas definidos como los derechos de las mujeres y hombres a tener control respecto de su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia. Por lo que plantea, que si bien es cierto que el artículo 37 de la Constitución establece que, el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte, en el sentido de que plantea una prohibición absoluta del aborto; no menos cierto es, que es una disposición que pasa por alto cuando un embarazo pone en peligro la vida de la mujer, ya sea porque la gestación ha sido producto de una violación, incesto y malformaciones congénitas, principales causales reconocidas a nivel mundial para la interrupción del embarazo".
Considerando así el jurista, que el Estado no debe imponer con carácter de obligatoriedad la opción que considera correcta, basándose en un planteamiento ético-moral y no jurídico cuando su deber es ser neutral en asuntos morales, y que además del Estado, el rol profesional del médico o médica que tiene que decidir entre salvar la vida plena de la mujer o el proyecto de vida del embrión o del feto. Ya que obligar a un profesional de la medicina, como pretenden algunos, a sacrificar a la madre para salvar el feto cuando la continuación del embarazo entraña riesgos de vida para aquella, constituye una intromisión directa en el ámbito de los supuestos éticos que informan la conciencia del mismo.
El doctor Rodríguez reconoció la facultad constitucional de quienes legislan para establecer límites al ejercicio de los derechos, pero también para asegurarlos basándose en preceptos como el principio de razonabilidad, el respeto del contenido esencial de los derechos y el principio de proporcionalidad, los cuales actúan como garantías normativas de los derechos y que también deben ser tomados en consideración por legisladores y legisladoras en cumplimiento de la indicada facultad y para proteger los derechos de las mujeres.
En las palabras de cierre, la abogada y coordinadora del proyecto, Susi Pola, hizo un llamado a las y los congresistas a poner el país a la altura de los Derechos Humanos, aprobando la modificación del Código Penal dominicano donde se contemple la despenalización de la suspensión del embarazo cuando la vida de la mujer esté en peligro, por violación e incesto.
