El pasado 1 de mayo del presente, la magistrada Vanessa Acosta Peralta, jueza de la Primera Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y subcoordinadora de la Comisión para la Igualdad de Género del Poder Judicial, favoreció un cambio de paradigma y un abordaje distinto a la represión para personas infractoras relacionadas con el uso problemático de las drogas, a fin de encontrar alternativas que les permitan reivindicarse en la sociedad y la familia.
La jueza sostuvo que para el Poder Judicial constituye una gran responsabilidad tener un rol preponderante en la restauración de estas personas y ser copartícipe de esa transformación.
“Nuestra cultura de penalización ha sido un gran obstáculo para ese fin de reinserción y recuperación de la persona que infringe la ley penal, pues se ha considerado la sanción privativa de libertad como la respuesta a la criminalidad”, enfatizó
La magistrada Vanessa Acosta hizo el señalamiento durante su participación en el taller “Sensibilización en género, justicia penal y alternativas al encarcelamiento”, celebrado por el programa Género en el Sistema de Justicia Penal, con el apoyo de la Organización de Estados Americanos a través de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas y la Comisión Interamericana de Mujeres (OEA/CICAD/CIM) y Canadá.
Este encuentro estuvo dirigido a personal operativo de los sistemas de salud, justicia y seguridad social, así como a ONG que trabajen en el área.
Acosta subraya que, al dar prioridad a la privación de libertad, se obvian cuestiones importantes como la salud mental y la participación de la víctima en este proceso de recuperación. Insistió en que las personas privadas de libertad merecen tener la oportunidad de reinventarse y dar un salto cualitativo a su vida.
Apuntó que existen alternativas al encarcelamiento por delitos de drogas que algunos países están implementando, con el objetivo de reducir las tasas de reincidencia, descomprimir los sistemas penitenciarios y ofrecer oportunidad de rehabilitación más efectiva, tomando en cuenta al ser humano.
Expuso que implementar estas alternativas requiere un cambio significativo en la legislación, una mejora en la colaboración interinstitucional y un fuerte compromiso con los derechos humanos y la igualdad de género.
“El objetivo siempre debe ser tratar la raíz del problema y proporcionar soluciones sostenibles que beneficien la persona y la sociedad en su conjunto”, concluyó la magistrada Acosta Peralta.
