Fiscalías Barriales
En el año 1997, fue adoptada la decisión de asignar fiscales en los destacamentos de la Policía Nacional que operaban en los barrios de la ciudad capital de la República Dominicana, básicamente con el objetivo de garantizar a los ciudadanos y ciudadanas el respeto de sus derechos y un trato digno, para además evitar que los policías desestimasen los casos que ameritaban el apoderamiento de los tribunales.
No obstante esto, la ciudadanía continuó percibiendo los maltratos y violaciones a sus derechos fundamentales, agravado por el descrédito de los agentes policiales ante la sociedad que daba por consecuencia que la imagen de los fiscales fuese empañada, al extremo de que a ambos funcionarios se les asociaba en la comisión de actos deshonestos.
La entrada en vigencia de la ley del ministerio público y el Código Procesal Penal delinearon y especificaron las funciones asignadas a los actores fundamentales del sistema, principalmente el de los fiscales, a quienes les encomendaron además de perseguir y lograr la sanción de los responsables de actos penales ilícitos, brindar atención integral a las víctimas de los delitos para lograr minimizar los daños y obtener su reinserción a la familia y sociedad, y procurar la solución de los conflictos a través de los medios alternativos previstos.
Lo antes narrado obligaba a las autoridades del ministerio público en la ciudad capital a adoptar soluciones inmediatas a ésta problemática, eligiendo entre dos opciones, la primera, consistente en invertir recursos para adecuar la estructura física de los destacamentos policiales, y la segunda, crear nuevas instalaciones en donde el fiscal laborase, pautando su accionar además en prestar atención integral a las víctimas a través de un personal profesional distinto que le auxiliase.
Conocidas las experiencias de otros países, como las Casas de Justicia de Colombia, y comprendiendo el nuevo rol del ministerio público, las nuevas autoridades de la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional decidieron establecer a los fiscales en lugares distintos a los destacamentos policiales, solucionando así de inmediato los problemas planteados, pues se constituían espacios físicos apropiados en donde recibir dignamente a las víctimas de los delitos y ciudadanos en conflictos, creando un ambiente de trabajo que facilitaba la solución de los casos a través de las opciones alternativas previstas en la normativa procesal penal, evitando que los ciudadanos confundiesen las atribuciones de los fiscales y policías, todo lo cual contribuiría a devolver la confianza y permitir un mayor acceso a nuestra instancia de los ciudadanos en conflictos.
Fiscalía Barrial fue el nombre con que se identificó la dependencia en donde operarían los fiscales, la cual estaría localizada en la parte céntrica o accesible de cada barrio o sector y contaría además de los representantes del ministerio público de médico legista, psicólogo, personal administrativo y secretarial (preferiblemente estudiantes de Derecho), conserjes y policías.
La participación de la ciudadanía en la administración de justicia se logró con la formación de un Voluntariado de Apoyo a la fiscalía barrial, integrado por dirigentes y líderes comunitarios en distintas áreas, que se incorporarían en labores preventivas y serían capacitados para que actuasen como mediadores en los centros que para estos fines se establecerían.
